Lo que debes saber sobre el nuevo Ingreso Mínimo Vital

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Desde el 1 de junio de 2020 está en vigor el Ingreso Mínimo Vital (IMV) -regulado mediante el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo- como instrumento creado por el Gobierno destinado a corregir la desigualdad entre hogares, agravada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas. 

¿Qué efectos prácticos puede tener en las empresas?

Aunque podría pensarse que es una novedad que afecta a los individuos y no a las empresas, conviene destacar tres mensajes:

  • Puesto que el derecho a percibir el IMV dependerá del nivel de rentas declaradas en el IRPF, la normativa traslada el régimen infractor y sancionador no únicamente a las personas beneficiarias del IMV, sino también a quienes hubieran cooperado en su comisión, por ejemplo abonando sueldos que no son declarados (economía informal). Así, estos empresarios que “actúan en B” pueden ser responsables del IMV percibido por sus trabajadores.
  • No va a ser un obstáculo contratar a personas beneficiarias del IMV, porque no perderán el cobro por incrementar sus rentas con sus nuevos sueldos.
  • Se crea el Sello de Inclusión Social que distinguirá a las empresas que contraten a beneficiarios del IMV.

¿Qué es el IVM?

Es una prestación económica de periodicidad mensual que cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad de convivencia durante el año anterior, y la renta garantizada determinada por el RD-ley 20/2020 para cada supuesto.

Se configura como un derecho subjetivo e intransferible (e inembargable) con el fin de garantizar un nivel mínimo de renta a quienes en un momento determinado se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, que se recibirá indefinidamente mientras persista esta situación.

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta nueva prestación? 

Podrán ser personas beneficiarias del IMV (i) las personas que vivan solas o (ii) los integrantes de una unidad de convivencia. 

Se define a los titulares del IMV como aquellas personas con plena capacidad de obrar que soliciten y perciban dicho ingreso, bien en nombre propio o bien en nombre de una unidad de convivencia. En este último caso los titulares asumirán la representación de la unidad de convivencia. 

En suma, es una prestación económica que puede recibirse a título individual o bien para una unidad de convivencia, variando su importe en función de los beneficiarios finales.

¿Qué es la unidad de convivencia?

Se trata de un nuevo concepto que considera como tal, la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que se conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Es decir, los casos más normales serán hogares donde convivan matrimonios o parejas de hecho, y padres, abuelos, hijos y nietos.

A los efectos de recibir el IMV, la unidad de convivencia deberá estar constituida durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud, de forma continuada.

Junto a ello, se regulan unos supuestos excepcionales para el caso de violencia de género, personas que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, o bien personas que convivan por circunstancias de necesidad sin tener los vínculos de afectividad anteriormente mencionados. En el caso de personas que convivan en un mismo domicilio, sin tener vínculo entre sí, deberán haber vivido de forma independiente durante, al menos, 3 años antes de la solicitud del IMV.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para acceder a esta prestación? 

Todas las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • 1. Estar integradas en una unidad de convivencia, o en caso contrario, tener una edad mínima de 23 años, y ser menores de 65 años. Adicionalmente, estos beneficiarios ajenos a una unidad de convivencia deberán haber vivido de forma independiente durante al menos 3 años antes de la solicitud del IMV (requiriéndose alta en la Seguridad Social durante al menos 12 meses), y no podrán estar casados o integrados en una pareja de hecho, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
  • 2. Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, se prevén unas excepciones tasadas a este requisito relacionadas con los menores o mujeres víctimas de la violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual.
    A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
  • 3. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. A este respecto, la percepción del IMV es compatible con la obtención de rentas del trabajo o de actividad económica, en los términos que deben desarrollarse reglamentariamente.
  • 4. Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho. Quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas (CCAA).
  • 5. Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
  • 6. Las personas beneficiarias individuales no podrán ser administradores de derecho de sociedades mercantiles. En caso de unidades de convivencia, esta circunstancia no podrá recaer en ninguno de sus componentes.

En concreto, no podrán ser beneficiarias del IMV las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente. 

¿Cuándo se considera que se produce situación de vulnerabilidad económica?

El hecho de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica es un aspecto muy importante puesto que configura el derecho, o no, a la prestación. Su apreciación se realiza al nivel de la unidad de convivencia en su conjunto, cuando sea el caso, computándose los recursos de todos sus miembros.

A estos efectos, se considera que se da esta situación cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, sea al menos 10 euros inferior al nivel de la “renta garantizada” por el IMV, requiriéndose además, que su patrimonio sea inferior a determinados límites.

Niveles de ingresos

Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud, atendiendo a las siguientes reglas:

- Con carácter general, las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.

- Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del IRPF o normativa foral correspondiente vigente en cada período.

- Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del IRPF, o normativa foral correspondiente. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa.

- Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

- Se exceptuarán del cómputo de rentas:

  • Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las CCAA.
  • Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.
  • Las ayudas -consideradas como rentas exentas en la Ley del IRPF- a los afectados por el SIDA, pensiones consecuencia de la guerra civil, indemnizaciones por daños personales, prestaciones por acogimiento y para estancias en residencias y centros de día, becas, prestaciones por desempleo en pago único, prestaciones por entierro o sepelio, ayudas económicas a personas con hepatitis C, instrumentos de cobertura de préstamos hipotecario, indemnizaciones derivadas de la Ley de amnistía y ayudas a víctimas de crímenes violentos, contra la libertad sexual y violencia de género.  

El nivel máximo de ingresos aplicable para solicitar el IMV en 2020 es de 5.528 euros anuales (con referencia 2019). Esta magnitud se incrementa según el tipo de la unidad de convivencia (Anexo I del RD-ley 20/2020).

El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio de devengo fiscal del IRPF. 

No obstante, se ha previsto un procedimiento excepcional relacionado directamente con la situación económica generada a raíz de la pandemia del COVID-19, en cuanto se permite el reconocimiento de la prestación para las solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos durante este año, en lugar de los ingresos del año anterior, al objeto de poder tener en cuenta las situaciones extraordinarias de vulnerabilidad generadas por las consecuencias económicas y sociales que está ocasionando el COVID-19, en personas que no perciben prestaciones o subsidios de desempleo.

Niveles de patrimonio

Para poder acceder al IMV no se podrán superar -en el año anterior para todos los solicitantes, y también los que lo hagan por pérdidas en 2020-, ciertos umbrales de patrimonio. Para calcularlo, se considera “patrimonio” la suma de los activos no societarios (sin incluir la vivienda habitual) y el patrimonio societario neto.

Los activos no societarios son los siguientes conceptos: (i) los inmuebles, excluida la vivienda habitual; (ii) las cuentas bancarias y depósitos; (iii) los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva; y (iv) las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.

El patrimonio societario son participaciones sociales, y se valorará, -para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia-, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades y de las que pertenezcan directa o indirectamente a estas consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

En el Anexo II del RD-ley 20/2020 se prevé la escala de cálculo del límite de patrimonio aplicable según el tipo de unidad de convivencia. Un adulto individual tiene como referencia para solicitar el IMV este año un importe máximo de patrimonio de 16.614 euros. Este importe se multiplica en función de los integrantes en una unidad de convivencia.  

¿A cuánto asciende la cuantía de la prestación?

La cuantía mensual de la prestación de IMV que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la “renta garantizada” y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior. Es, por tanto, una renta diferencial.

La renta garantizada, en el caso de una persona individual, ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas, fijado anualmente en la ley de presupuestos generales del Estado, dividido por doce. Mientras que en el caso de una unidad de convivencia dicha cuantía mensual se incrementará en un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. 

En el caso de familia monoparental, se incrementará un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la cuantía anterior.

Para este 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la siguiente escala sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual:


¿Puede compatibilizarse esta prestación con un empleo o actividad económica? 

Sí, la percepción del IMV será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia, en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan.

¿Cuándo se puede percibir esta prestación?

 El derecho a la prestación del IMV nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

¿Hasta cuándo se puede tener derecho a este IMV?

El derecho a percibir la prestación económica del IMV se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en el RD-ley 20/2020.

El cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la persona beneficiaria del IMV, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora.

No obstante, todas las personas beneficiarias estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de 30 días naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones previstas.

¿Cómo puede solicitarse esta prestación? 

La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria o las declaraciones responsables y se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el INSS tenga habilitados. 

Las solicitudes podrán presentarse a partir del 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta dentro de los 3 meses siguientes, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. 

El INSS resolverá y notificará el procedimiento a la persona solicitante en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo.

¿Existe alguna especialidad por razón del COVID-19? 

Sí, se determina una prestación transitoria del IMV durante 2020, para los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, que cumplan determinados requisitos y cuya asignación económica sea inferior al importe de la prestación del IMV.

¿Cómo es la compatibilidad con las rentas básicas de inserción de las CCAA?

El IMV forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva. Es una “prestación suelo”, compatible con otras prestaciones que las CCAA -en régimen de gobernanza compartida- puedan conceder en ejercicio de sus facultades autonómicas, lo cual no supone ningún detrimento de sus competencias y les permitirá seguir modulando su acción protectora.

¿A qué están obligadas las personas beneficiarias del IMV?

Durante el tiempo de percepción de la prestación deberán, entre otros aspectos, proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, y garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.

Asimismo, estarán sujetas como mínimo durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:

- Presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF.

- Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente. - En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

- Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se establezcan. 

Otras novedades relacionadas con el IMV

Sello de Inclusión Social: Se regulará reglamentariamente, y con él se distinguirá a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la sociedad.

Tarjeta Social Digital: Se crea con el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes Administraciones públicas. Esta novedad incluirá la información correspondiente a todas las prestaciones sociales públicas contributivas, no contributivas, y asistenciales.

Régimen sancionador específico por la comisión de infracciones leves, graves y muy graves, referidas al IMV: Entre estas infracciones, se prevé, por ejemplo, no proporcionar la documentación e información precisa para acreditar los requisitos y la conservación de la prestación; no comunicar (i) con carácter previo el desplazamiento al extranjero, cuando el mismo sea por tiempo superior a 15 días e inferior a 90 días al año; o (ii) cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50% de la que le correspondería.

Tanto las personas titulares y beneficiarias del derecho que hayan cometido la infracción, como aquellas otras que hubiesen cooperado en su comisión, serán responsables de las infracciones y quedarán solidariamente obligadas frente a la Administración al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Asimismo, se establecen sanciones accesorias como la extinción del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro, sin perjuicio del necesario reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, para los casos de falseamiento, ocultación fraudulenta de cambios en la situación o cualquier otra actuación fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la prestación, a su mantenimiento o a un aumento indebido de su importe.










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