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Declaración a Hacienda sobre bienes y derechos situados en el extranjero

Si eres residente en España y titular de bienes y derechos en el extranjero puedes resultar obligado a presentar el modelo 720 “Declaración de bienes y derechos en el extranjero”. El plazo para presentar esta declaración correspondiente al ejercicio 2016 terminó el 31 de marzo de 2017 y debe presentarse por vía telemática. Las sanciones derivadas de la falta de presentación, presentación errónea o fuera de plazo son muy elevadas. Por ello es recomendable repasar si se tiene o no la obligación de presentar esta declaración informativa, y en su caso proceder a recopilar toda la información. 

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¿Quiénes están obligados a su presentación?


Las personas físicas o entidades residentes en territorio español, están obligados a presentar esta declaración tributaria cuando ostenten bienes o derechos en el extranjero cuyo importe supere los 50.000 euros. La obligación afecta también a los extranjeros residentes en España.

Una vez presentada la primera declaración, en años sucesivos sólo se informará sobre los grupos en los que haya existido un incremento superior a 20.000 euros respecto a la última declaración presentada.

La obligación de declarar comprende no solo los casos en los que se ostente la titularidad jurídica de los bienes o derechos ubicados en el extranjero, sino también aquellos en que se sea titular real de tales bienes (aquellos que posean o controlen más del 25% de los mencionados activos a través de entidades con o sin personalidad jurídica), y en los casos en que se ostenta algún poder de disposición sobre dichos bienes.

También están obligados a declarar las personas que tengan la condición de representantes, apoderados o beneficiarios de los bienes o derechos, caso de autorizados en cuentas en bancos extranjeros. 


Contenido de la declaración (modelo 720)


Este modelo consiste en una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero y tiene como objetivos:

‐ Información sobre las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

‐ Información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, por ejemplo acciones, fondos de inversión, seguros de vida, etc

‐ Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.  


¿Qué ocurre si no se presenta el modelo 720?

Se aplican sanciones muy severas. Así, la sanción por no presentar esta declaración o hacerlo con errores u omisiones es de 5.000 euros por dato o grupo de datos, con un mínimo de 10.000 euros por cada grupo de bienes.

La sanción por presentarla fuera de plazo es de 100 euros por dato con un mínimo de 1.500 euros por cada grupo.

Además de esas sanciones, la normativa establece otra grave consecuencia tanto por no cumplir la obligación de informar como por hacerlo fuera de plazo, y es que Hacienda puede llegar a considerar que los bienes en el extranjero son ganancia patrimonial no justificada y cobrar por el IRPF una cuota hasta su tipo máximo marginal o aplicando el tipo del impuesto sobre sociedades, sobre su valor más una sanción adicional del 150% sobre dicha cuota. Y eso incluso aunque esos bienes y derechos procedan de periodos prescritos. 


Futuro del modelo 720

La normativa reguladora de la obligación de declarar bienes en el extranjero, en su redacción actual, puede ser declarada ilegal.

El 15 de febrero de 2017 la Comisión Europea ha remitido a las autoridades españolas un dictamen motivado en el que les requiere para que modifiquen sus normas referidas a las sanciones por la no presentación o no presentación en plazo o con datos falsos de la declaración (modelo 720) sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo. La Comisión considera que las multas impuestas en el caso de incumplimiento son desproporcionadas. Además, como son mucho más altas que las sanciones aplicadas en una situación puramente nacional, pueden impedir a las empresas y a los particulares invertir o trasladarse a través de las fronteras en mercado único. Por lo tanto, entienden que estas disposiciones son discriminatorias y están en conflicto con las Libertades en la UE.

Ahora bien, ello no implicaría la derogación automática de la normativa denunciada, la cual sigue vigente y si España no da una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión Europea tendría que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la anulara.

Para más información, puede contactar con su gestor de KPMG Impulsa.  



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